política_ CIUDADANÍA

Las discusiones en torno al concepto de ciudadanía han tomado un renovado interés en el campo académico y muchos son los enfoques teóricos desde donde podemos interpretarlo. Marshall, por citar un ejemplo, entiende que para dotar al sujeto de una ciudadanía plena se debe asegurar que cada uno sea tratado como miembro pleno de una sociedad de iguales para lo cual el estado debe dotarlos de derechos civiles, políticos y sociales. Pero entender al ciudadano desde esta concepción sería entenderlo pasivamente de ahí que el concepto se va transformando y adquiriendo nuevas dimensiones que ponen el acento en la importancia de la participación del mismo en la vida pública, en su carácter dialéctico como sujeto de transformación.

En este sentido se interpreta desde una visión comunitarista , el individuo se encuentra ligado a la comunidad a la que pertenece por lo que Taylor[1], afirma que Los ciudadanos no pueden identificarse con el estado y aceptar las exigencias como legítimas sino existe una forma de vida común que es considerada como un bien supremo, de suerte que los ciudadanos tengan empeño para mantener y desarrollar esa forma de vida por ella misma y no simplemente de manera instrumental por obtener sus diferentes bienes individuales o en tanto que son esos bienes individuales.

Los comunitaristas sostienen que esos fines comunes deben ser buscados en las prácticas históricas,en este sentido,si entendemos como propone Vasilachis que: “Las representaciones sociales son las construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o aquellas que crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”[2], se hace visible la importancia de contemplar en el diseño de cualquier política pública las identidades y representaciones que son producto definido por el modo de vida de una comunidad, por su cultura y por el contexto sociopolítico que los rodea.

Lo expuesto nos permite afirmar que la ciudadanía y la idea de espacio público se encuentran estrechamente vinculadas ya que este último se erige como lugar donde las prácticas participativas generan una multiplicidad de formas asociativas y de espacios plurales de deliberación, en definitiva como escenarios en el que es posible una reconstitución de la ciudadanía plena. Esta idea de constitución de un espacio público y de una ciudadanía plena, impone religar el concepto de ciudadanía con el de comunidad, y consecuentemente con la materialidad que impone un territorio.

Como afirma Borja”…en el territorio local vivimos también la globalidad. Formamos parte de comunidades virtuales, nos relacionamos con el mundo. Vivir la dialéctica local-global es indispensable para no ser un marginal, asumir a la vez las identidades de proximidad y las relaciones virtuales es darse los medios de ejercer la ciudadanía y de interpretar el mundo para no perderse”

De esta importancia fundamental de la participación de la ciudadanía y del lazo vincular con el territorio, con el espacio público se desprende la necesidad de que el Estado se involucre activamente en el fortalecimiento del capital social entendiendo que el mismo forma parte de las condiciones o potencialidades de una sociedad en pos del desarrollo, al igual que el capital físico, el capital humano o el financiero ya que se convierte en un recurso competitivo porque beneficia la circulación de información y las relaciones entre organizaciones y sectores locales; esto genera un mejor aprovechamiento de los recursos productivos y favorece las políticas de desarrollo local con articulación entre actores públicos y privados.

También una buena red interorganizacional e intersectorial local puede beneficiar el mejor aprovechamiento de otros recursos productivos (económicos, humanos, físicos) y favorecer políticas de desarrollo local con articulación entre actores públicos y privados. Una red de relaciones, además, genera conocimiento de los ciudadanos respecto de otros, haciendo previsible su comportamiento y generando confianza entre ellos para realizar actividades conjuntas en beneficio de ellos mismos y de la sociedad local. Además, la existencia de normas de confianza y reciprocidad entre las personas genera una mayor predisposición para cooperar, ya que ayuda a resolver problemas de acción colectiva.
El contexto político-institucional condiciona las características de las interacciones. Desde el Estado se pueden generar condiciones institucionales normativas para el desarrollo del capital social, pero también el Estado puede incentivarlo actuando en sus dos dimensiones principales: en la dimensión estructural, mediante el estímulo de la articulación social en redes, y en la cognitiva, instando y realizando acciones que generen confianza y normas de reciprocidad entre los ciudadanos.
La participación es un elemento esencial del desarrollo humano y no debe ser entendida como una imposición, sino como una oportunidad para el fomento de un desarrollo local participativo que integre al ciudadano en lugar de excluirlo.

[1] Taylor, Ch.(1993) Propósitos cruzados: el debate liberal-comunitario, en Nancy Rosemblum (dir.)El liberalismo y la vida moral. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
[2] Vasilachis de Gialdino, I. (1997). “Sociological, juridical, and linguistic análisis of labor reform bill” Discourse & Society.vol 8.